Arbitraje y derecho público.

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Arbitraje y derecho público.

PUBLICADO EN EXPANSIÓN EL 16 DE MARZO DE 2010.

OPINIÓN.
Todos conocemos el momento de dificultad y/o de crisis que atraviesa la justicia contencioso-administrativa. Por un lado, por lo saturada que la misma se encuentra, y por otro y, desde el punto de vista del particular, por la lentitud con la que la misma se desarrolla. En este contexto, adquieren especial importancia los denominados medios alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca el arbitraje.

Considerando lo anterior, entiendo que nos encontramos ante un escenario idóneo para que el arbitraje – tan valioso para la resolución de algunos conflictos privados – se presente, como una alternativa al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Pero, ¿es factible someter a arbitraje los conflictos que surjan en el ámbito de las relaciones jurídico-públicas? ¿Permite el ordenamiento jurídico-público, que tales conflictos se resuelvan a través del arbitraje?

En mi opinión, y tan sólo en materias de libre disposición (queda fuera el ius cogens), el ordenamiento jurídico-público acepta el arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos.

Aceptación que en algunos textos legales es restrictiva; como, entre otros, la Ley 47/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, pero que en otros cuerpos legales se presenta como una clara alternativa.

Una de las materias en la que es evidente la apuesta del legislador por el arbitraje como alternativa al proceso contencioso-administrativo, es en la Contratación Pública. Basta echarle un vistazo a la evolución de esta legislación, para darse cuenta que lo que en principio fueron normas restrictivas de aceptación de este sistema, ha pasado a ser una clara aceptación del mismo. Así, respecto de estas normas restrictivas, podemos citar entre otras, el Reglamento General de Contratación del Estado de 1975, o el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2000, que supeditaba el sometimiento a arbitraje, al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General Presupuestaria de 1988, esto es mediante real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado.

Hoy en día, la plena aceptación del arbitraje, se pone de manifiesto en el artículo 39 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Con este precepto, la citada Ley admite, que tanto las entidades públicas empresariales (tanto estatales, como dependientes de la administración, esto es las Sociedades mercantiles públicas y, las Fundaciones del sector público, puedan someter a un arbitraje las discrepancias que surjan durante la vida de sus contratos. Se permite por tanto, que entidades como ADIF, AENA, Renfe Operadora, el ICO y la Sepi, puedan – en esas materias – abandonar la vía jurisdiccional, en pro del arbitraje.

Este permiso legal, junto con las intenciones que parecen desprenderse de Plan de Modernización de la Justicia, del anteproyecto de reforma de Ley de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje institucional en la Administración General del Estado, deberían – lege ferenda – ser desarrolladas por el legislador (incluso para la Administración strictu sensu) y, utilizarse por los agentes del sector público y privado, para lograr el cuádruple objetivo de, introducir de manera expresa el arbitraje como alternativa a la justicia ordinaria, beneficiarse de las ventajas del arbitraje (rapidez, especialización e independencia de los árbitros), acabar con la saturación/lentitud del proceso contencioso, y fomentar un mercado económico más dinámico.

Francisco García-Ortells.
Abogado y Doctor en Derecho 
Académico Co. Real Academia Jurisprudencia y Legislación.

2019-05-09T11:21:24+00:0016 marzo 2010|

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